Abstract

El llamado estallido social iniciado el 18 de octubre de 2019 si bien fue inesperado en su magnitud, no lo fue en su contenido, en su origen están sin duda las violaciones a los Derechos Humanos, el medio del cual se valieron los detentadores del poder dictatorial para imponer un nuevo orden político, económico, social y cultural, sustentado en un Estado subsidiario que lo despojó de sus obligaciones de garantizar derechos básicos, tal como lo dispone la normativa internacional de los Derechos Humanos e impidió sistemáticamente al pueblo chileno decidir su destino de manera soberana. Como lo han señalado los jóvenes que iniciaron este estado de rebeldía, no son treinta pesos, en alusión al aumento del valor del transporte metropolitano, son treinta años a la sombra de una dictadura cuya principal herencia es la Constitución de 1980, y su ya famoso Tribunal Constitucional, una real tercera Cámara.