A principios de 2018, fueron presentados varios proyectos de ley con el objeto de regular el acceso gratuito a los servicios públicos de salud y de educación superior de aquellos migrantes internacionales que no revistieran la condición de “residentes permanentes” sobre la base de criterios de “reciprocidad”. Durante casi dos semanas, los proyectos concentraron gran parte de la atención mediática, instalándose como tema prioritario de la agenda pública. A través del análisis de dichos proyectos y de su tratamiento en la (...) prensa digital hegemónica, este trabajo propone una exploración de las narrativas que circularon en relación al acceso gratuito de la población migrante a la salud, para posteriormente indagar sobre los efectos simbólicos que produce la hipervisibilización de una determinada posición política sobre el tema. Se aplicó una metodología cualitativa centrada en los análisis de discurso y de contenido con el objetivo de analizar la articulación entre el discurso jurídico y el discurso mediático e indagar el modo en que las narrativas que circulan a través de los medios hegemónicos instituyen y son instituidas por el imaginario social sobre la gratuidad del acceso a la salud para la población migrante. Como resultado, fue posible identificar tres operaciones discursivas: (a) el desplazamiento de la idea de salud como derecho a la salud a un objeto de negociación diplomática basada en la reciprocidad; (b) la asociación del desborde de los servicios de salud con la demanda de atención por parte de los migrantes, lo que oculta el carácter estructural de las deficiencias del sistema de salud, vinculadas a la regresividad de las políticas neoliberales en lo que respecta al reconocimiento de derechos sociales básicos, como la salud; (c) la negación de estos otros bajo el mecanismo del chivo expiatorio, representándolos como una “amenaza social” y como los “no merecedores” de la gratuidad. (shrink)

Las dificultades para garantizar el suministro de medicamentos específicos para el tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana / síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/sida) son recurrentes ante el avance de políticas de ajuste. En Argentina, el engranaje que sostiene el cumplimiento de obligaciones en salud pública es permeable a las crisis. El problema se focaliza en el momento más agudo de la crisis de diciembre de 2001, y se trabajó desde la perspectiva de Oszlak y O´Donnell. Objetivo: reconstruir los procesos de (...) discusión, generación e implementación de políticas públicas desde el Ministerio de Salud de la Nación —específicamente en su vínculo con las agencias internacionales—, con el fin de garantizar el suministro de antirretrovirales (ARV) a todas las personas viviendo con VIH/sida del país. Con un abordaje cualitativo, se utilizaron cuatro expedientes de la gestión de medicamentos del Ministerio de Salud de la Nación, actas de comisiones y se realizaron entrevistas individuales semiestructuradas a actores clave según su rol durante la emergencia sanitaria. Se presenta una categoría de la primera dimensión: estrategias implementadas por el Estado para garantizar la adquisición de ARV, categoría agencias internacionales. Se construyó una matriz de datos para analizar la información. La reconstrucción muestra que la problemática tenía agenda internacional y que los compromisos debían cumplirse a pesar de la crisis. En el marco de los derechos económicos, sociales y culturales, se encuentran tensiones y contradicciones, teniendo en cuenta la progresividad y no regresividad de los derechos. Los estados tienen doble presión internacional: organismos que monitorean indicadores de derechos y organismos de préstamo que definen en qué pueden gastar los países receptores. Los estados débiles institucionalmente, con baja autonomía y en crisis generan vulnerabilidad programática. El acceso a medicamentos es fundamental para alcanzar el derecho a la salud y es una problemática constante en países emergentes. (shrink)

Bien sea por falta de rigor, bien como respuesta a una actitud dubitativa por parte del constituyente, lo que parece cierto es que la Constitución habría establecido un sistema de equilibrios. Un sistema que, en virtud de lo que se desprende de la legislación y la jurisprudencia posterior, no debe ser interpretado únicamente a la luz de la declaración de Estado social de Derecho, sino que en igual consideración han de tenerse las detalladas disposiciones del articulado. Un sistema de equilibrios (...) que, se diría, trata de hallar un punto intermedio entre los dos paradigmas que parece acoger: el liberal y el social. Paradigmas que no sólo se observan en la solidez de las garantías conferidas a los derechos civiles y políticos frente a la debilidad de los sociales, sino que también se advierten en el bloque de constitucionalidad y en un importante sector de la doctrina. (shrink)