Desde fines de los 90, y siguiendo una década de severos planes de ajuste estructural, América Latina fue surcada por numerosas experiencias de revueltas populares. Estas revueltas trajeron consigo masivas manifestaciones colectivas, altos niveles de agresión física y verbal contra políticos, jueces y funcionarios públicos, en general. Las protestas incluyeron, por ejemplo, la organización de ¿piquetes¿ destinados a bloquear el tráfico en las rutas principales, con el objeto de exigir empleo, comida, o el otorgamiento de subsidios; tanto como ruidosas manifestaciones (...) (i.e., ¿cacerolazos¿). Estas agresiones a las autoridades públicas alcanzaron el domicilio y las propiedades de los últimos, tato como los edificios públicos en los que trabajaban (la sede del gobierno, las legislaturas, los tribunales). Entre otros resultados, dichas protestas forzaron la renuncia del presidente Raúl Cubas, en Paraguay, en 1999;la del presidente Alberto Fujimori, en Perú, en el 2000; la del presidente Jail Mahuuad, en Ecuador, en el 2000 (tanto como la remoción del presidente Abdala Bucaram, en 1996); la del presidente Sánchez de Lozada en Bolivia, en el 2002; y la del presidente Bertrand Aristide, en Haití, en el 2004. En la Argentina, estas protestas culminaron con una profunda crisis que incluyó el mandato de cinco presidentes distintos en menos de dos semanas. Por supuesto, esta manifestaciones fueron promovidas, en cada caso, a partir de circunstancias parcialmente diversas. Algunas fueron seguramente más legítimas que otras; algunas fueron más ¿espontáneas¿ o ¿genuinas¿ que otras; algunas resultaron más poderosas y duraderas que otras. De todos modos, la presencia de todas estas variaciones no deberían impedirnos que reconozcamos las similitudes que vincularon a estos acontecimientos, que aluden al tipo de crisis que se encuentra afectando a muchos órdenes legales contemporáneos. (shrink)

En el Perú, el 2021 se ha caracterizado por una presencia significativa de inestabilidad política; principalmente, por la lucha mediática y pretenciosa que emprendió la candidata de ultraderecha, Keiko Fujimori, por asumir el poder y negar cualquier medio legítimo que optara el actual presidente de la República, Pedro Castillo. A ello, se le añadió el impacto negativo que dejó la pandemia del COVID-19 en los distintos ámbitos; en especial, en el económico. En ese contexto, la entrevista hecha al inversionista (...) Julio César Galarreta Koicheoski busca dilucidar aquellos medios alternativos, legales y eficaces que existen para que los ciudadanos no resulten afectados. Una de sus alternativas consiste en el negocio que él está desarrollando con respecto a los préstamos que se realizan en las casas de empeño, sin que para ello se asuman riesgos mayores. Esta modalidad es muy diferente de la que emplean los bancos, las financieras, las cajas o las cooperativas de ahorro y crédito, puesto que sus clientes no requieren un historial crediticio favorable, como el de figurar en Infocorp con una calificación indeseable o el de tener préstamos impagados. Más bien, necesitan contar con un artículo que posea un valor dentro del mercado contemporáneo. La valuación, la cotización y los intereses del mismo se producirán a partir de esa lógica, con la finalidad de que exista un beneficio mutuo entre el cliente y la casa de empeño. La dinámica económica que oscila en esta conversación resulta neurálgica, merced a que brinda al lector una información que le permitirá conocer los medios a los que puede acceder para obtener un préstamo en caso de que tenga dificultades al solicitarlo en las formas tradicionales. (shrink)

Este artículo acota de manera discursiva la participación de quienes estuvieron implicados en el periodo de conflicto interno, que abarca el Gobierno del expresidente de la República Alberto Fujimori (1990-2000) y años previos a su mandato. Por esta modalidad del lenguaje, se asume toda peculiaridad que se exterioriza para conseguir su autodeterminación, con la finalidad de fundamentar sus filiaciones, sus ideologías, sus formas de interactuar y combatir. Los que integran personalmente esa confrontación bélica son los grupos subversivos y los (...) responsables de aminorar sus arremetidas con apoyo del Estado, designados contrasubversivos. La fuente que se considera para esta investigación es el Informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que se publicó el 2003 en la capital del Perú. A través de la recopilación y la documentación, se logrará el propósito de este ensayo: la identificación y la configuración ambivalente de los agentes intervinientes en ese contexto de lucha armada. (shrink)