Abstract

Los discursos del odio atacan la dignidad de los integrantes de colectivos históricamente desfavorecidos y fomentan su discriminación y deshumanización, razón por la cual los poderes públicos se han ido dotando de mecanismos para combatirlo. Pero no hay unidad de acción a nivel global, pues su restricción exige revisar los límites a la libertad de expresión. Así, mientras en Estados Unidos los tribunales reconocen la primacía de esta libertad, en Europa se incrementa el recurso a la vía penal. Pero ambos sistemas tienen deficiencias, sobre todo porque no se centran en el resarcimiento del daño causado. De ahí que pueda analizarse una tercera opción, la civil, partiendo de la ya consolidada doctrina sobre daños morales.