Abstract

Desde hace unos años, la palabra crisis se ha instalado en nuestro lenguaje cotidiano. Se trata de un término polivalente que se aplica sobre una realidad magmática de contornos imprecisos. Inicialmente la crisis se manifestó a nivel económico. Pero la crisis afecta al disfrute de los derechos constitucionales, agravando el desamparo de una ciudadanía cada vez más alejada de la clase política. En este contexto, la corrupción política detrae una cuantía escandalosa recursos que podrían ser destinados a satisfacer derechos constitucionales. De ahí que la lucha contra la corrupción resulte prioritaria. Los códigos éticos aparecen como nuevos instrumentos de regeneración de la vida pública con los que romperla judicialización de la vida política, que tanto daño están causando a nuestro sistema democrático.