Abstract

En diciembre de 2011, Samba Martine, interna del Centro de Internamiento para Extranjeros de Aluche, muere de una infección evitable por no haber sido diagnosticada y tratada de manera adecuada, a pesar de haber solicitado insistentemente asistencia sanitaria. La madre de Samba, con el apoyo de varias entidades sociales, denuncia los hechos y llega a los tribunales. Ocho años más tarde, en junio de 2019, se anuncia la absolución por homicidio imprudente del único responsable procesado. Nueve años más tarde, en octubre de 2020, el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática emite una Resolución por la que se atiende la reclamación de responsabilidad patrimonial por el fallecimiento de Samba Martine. Tomando como punto de partida este caso, este trabajo tiene como objetivo analizar los factores que hacen de él un ejemplo de injusticia epistémica en tres niveles interrelacionados: micro, meso y macro. La relevancia de esta propuesta radica en mostrar cómo la dejación de funciones por parte de la Administración y sus instituciones contribuye a generar una ignorancia, que, combinada con la falta de credibilidad del testimonio de la víctima, tiene como resultado final su muerte. Lejos de ser un caso anecdótico, situaciones de injusticia epistémica como esta forman parte de la cotidianeidad de numerosas personas migrantes indocumentadas, que después de periplos de sufrimiento terminan internadas en limbos legales como los CIE.