Abstract

Esta reflexión tiene una motivación específica y que es necesario mencionar pues ella explica el enfoque y las preguntas que se van a suscitar aquí. En Colombia se adoptó un modelo político-judicial para tratar de superar un problema de violencia y violación de las normas elementales de convivencia social que ha afectado a su población durante décadas. No se trata, realmente, de un problema, sino, podríamos decir, de una familia de problemas, pero el modelo ha sido pensado para que se adapte a ella. Este modelo está encarnado en la llamada "Ley de justicia y paz" (Ley 975 de 2005), "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional, y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios". La ley regula cuestiones relativas a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de personas vinculadas a los grupos mencionados que se desmovilicen y contribuyan "a la reconciliación nacional". El Artículo 4° establece que el proceso de reconciliación al que dé lugar la ley deberá "promover, en todo caso, el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación". Mi interés en este momento se limita al elemento "verdad" contenido allí. [Fragmento]