Abstract

La expansión acelerada de tecnologías disruptivas como la Inteligencia Artificial Generativa y su aplicación progresiva a las distintas esferas de la sociedad han evidenciado las enormes potencialidades transformadoras que poseen, pero también los grandes riesgos que se derivan de su uso generalizado. Sobre esa base, el presente artículo analiza y reflexiona acerca del rol que deben tener los poderes públicos como únicas instituciones capaces de preservar la ética pública, los valores públicos y el bien común ante el desarrollo tecnológico. Con ello, la creación de valor público y la preservación de una ética pública han de constituir un marco de referencia para situar las tecnologías disruptivas al servicio de la ciudadanía y construir una adecuada gobernanza pública. Esta propuesta reafirma, por consiguiente, la importancia de que los poderes públicos configuren un modelo eficaz de gobernanza social de esta tecnología disruptiva, lo que debería ser entendido como un aspecto prioritario en la agenda pública. Cualquier respuesta distinta de las instituciones públicas, ya sea pasiva, reactiva o inhibitoria, pondría en riesgo no solo la gestión de lo público, sino también la esencia misma del orden democrático representativo vigente.